Dos años después de finalizar la Guerra de la Independencia fallecía, en la villa y corte de Madrid, un ilustre y, al mismo tiempo, desconocido castareño. Alumno becado del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago de Granada; bachiller, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Orihuela; abogado de los Reales Consejos, de la Real Chancillería y del Colegio de Abogados de Granada; alcalde mayor de las villas de Usagre, Porcuna, Moratalla y Tarancón; teniente segundo de asistente de la ciudad de Sevilla; miembro fundador del Santo Congreso Hispalense y vocal de su junta directiva; y agraciado con la cruz de caballero supernumerario de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, Onésimo Ruiz Martínez fue una de las personalidades más destacadas que ha dado Cástaras por su formación, responsabilidades públicas y servicios al Estado. Sin embargo, la historiografía apenas se ha ocupado de su figura y menos aún de su origen castareño.

Orígenes familiares

Onésimo Ruiz Martínez nació en Cástaras el 25 de febrero de 1756, hijo de Cristóbal Ruiz, de Jorairátar, y de Justa Jiménez, natural de Cástaras, ambos pertenecientes a familias acomodadas de las sociedades locales. La rama materna hundía sus raíces en algunos de los repobladores establecidos en Cástaras tras la expulsión de los moriscos. Recibió el bautismo el 4 de marzo siguiente en la iglesia parroquial de San Miguel, que por entonces contaba ya con más de sesenta años de existencia.

Fueron sus padrinos Diego Ruiz Martínez, sacerdote de la parroquia y tío del recién nacido, y María Jiménez, de cuarenta y tres años, igualmente tía del bautizado, que vivía emancipada según se desprende de la relación de vecinos del Catastro de la Ensenada. Administró el sacramento, ex consensu parrochi, el presbítero José Fernando Jiménez, uno de los cuatro clérigos que atendían entonces la parroquia. Aunque no se ha localizado documentación que lo confirme, es probable que tanto el ministro como la madrina fueran hermanos de Justa Jiménez, madre de Onésimo. La figura de Diego Ruiz Martínez tendría posteriormente una influencia decisiva en la formación y promoción profesional de su sobrino.

El acta bautismal refleja asimismo el reducido círculo de notables que articulaba la vida local castareña a mediados del siglo XVIII. Entre los testigos figuraban el beneficiado don Fernando Navarrete, que ejerció la parroquia durante más de treinta años, y Francisco García Mercado, síndico de la villa e hidalgo oriundo de Motril, cuyo blasón aún puede contemplarse tanto en una casa de la Placeta como en la Casería de Mercado, situada en el término de Almegíjar. Completaba la relación Vicente Rodríguez, acomodado labrador de la localidad.

Formación jurídica

No volvemos a tener noticias documentadas de Onésimo hasta 1775, cuando, con diecinueve años de edad, obtuvo por oposición una beca de jurista en el Real Colegio de San Bartolomé y Santiago de Granada, en el que ingresó el 3 de octubre de aquel año. Es probable que la influencia de su tío Diego Ruiz Martínez favoreciera su acceso al Colegio, aunque la obtención de la beca exigía superar un proceso de oposición y acreditar méritos suficientes.

La institución atravesaba entonces una nueva etapa. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 y los años de interrupción que siguieron, el colegio había reabierto sus puertas bajo patronato real. Al frente se encontraba Juan José Reberti, abogado de la Real Chancillería de Granada y primer rector seglar de la nueva etapa, figura destacada en la reorganización del establecimiento.

En el libro de matrícula aparece inscrito con el número 1468 bajo el nombre de Onésimo Ruiz Jiménez y con naturaleza de Jorairátar. La misma identificación se repite en las actas de los exámenes universitarios realizados pocos años después. Sin embargo, el expediente académico conservado lo señala expresamente como natural de Cástaras. Esta aparente contradicción constituye un indicio de que la familia pudo trasladarse a Jorairátar poco después de su nacimiento. De haber sido así, Onésimo habría pasado allí su infancia y adolescencia, integrándose plenamente en la comunidad de origen paterno hasta el punto de ser considerado vecino y natural de la localidad. Más adelante volveremos sobre esta cuestión, así como sobre las variaciones que presentan sus apellidos en la documentación.

Completó tres cursos en el Real Colegio granadino, durante los cuales estudió Lógica, los cuatro libros de la Instituta de Justiniano, Derecho Civil y Derecho Real de España. Según los testimonios académicos conservados, lo hizo con aplicación y aprovechamiento, observando buena conducta civil y religiosa, distinguiéndose en las tareas que le fueron encomendadas y en los ejercicios y exámenes a que fue sometido. Participó asimismo en las sabatinas públicas que se celebraban los domingos entre las tres y las cuatro de la tarde, y en una de ellas le correspondió, por turno de antigüedad, defender y explicar las conclusiones que se le asignaron. No consta, en cambio, que asistiera a las clases de la Universidad de Granada, pese a la obligación establecida en noviembre de 1776 para los colegiales juristas. Aquella disposición fue impugnada por el rector Juan José Reberti mediante una súplica elevada en julio de 1779, cuando la estancia de Onésimo en el Colegio ya había concluido.

Terminada su formación colegial, en septiembre de 1778 se trasladó a Orihuela para obtener en su Insigne Real y Pontificia Universidad Literaria los grados de bachiller, licenciado y doctor en Derecho Civil. Con ello pasó a formar parte del reducido grupo de estudiantes procedentes del arzobispado de Granada que acudieron a aquella universidad para graduarse durante el siglo XVIII. No ha sido posible determinar las razones que llevaron a Onésimo a elegir Orihuela en lugar de completar sus estudios en Granada. La documentación conservada no ofrece una explicación concluyente. Tal vez influyeran circunstancias hoy desconocidas relacionadas con el propio Colegio de San Bartolomé y Santiago, con las relaciones entre éste y la Universidad granadina o con las redes personales y eclesiásticas que amparaban la carrera del joven colegial. En ausencia de pruebas documentales, cualquier explicación debe mantenerse en el terreno de la hipótesis.

El acto público de conclusiones tuvo lugar el 15 de septiembre de 1778 en el «teatro» de la Universidad de Orihuela, bajo la presidencia del doctor Antonio Genaro Valero. Actuaron como arguyentes los bachilleres Pedro Alcántara y Antonio Pomareda. Ese mismo día, ante un tribunal compuesto por el canciller José Vicente Ballester, el rector Tomás Limiñana y Azor y el doctor Timoteo Cabanes, se procedió al sorteo de los puntos sobre los que habría de versar el examen. Entre los tres que le correspondieron por azar, Onésimo eligió el pasaje De legatis. Non solum autem.... Dos días más tarde, tras exponer durante media hora el tema sorteado y responder a las objeciones formuladas por los doctores José Manuel Balaguer y Fernando Redondo, así como a las preguntas complementarias del doctor Cabanes, fue aprobado nemine discrepante. Cumplidos los juramentos de rigor y satisfechos los derechos correspondientes —diez reales para el Rey, otros diez para la caja de la Universidad y cinco para el rector— recibió el grado de bachiller en Derecho Civil.

Al día siguiente se inició el procedimiento para el doctorado. El nuevo sorteo le asignó dos materias del Derecho Civil romano: la Ley 20 De usucapionibus y la Ley 2.ª De operis libertorum. Veinticuatro horas después defendió públicamente ambos puntos y respondió a las objeciones planteadas por los doctores Timoteo Cabanes y Antonio Sánchez. El tribunal volvió a aprobarlo por unanimidad, confiriéndole el grado de doctor en Leyes y expidiéndose el correspondiente título académico, tras el pago de veinte reales para el Rey y otros veinte para la caja de la Universidad.

Abogado en Granada

Retornado a Granada, ingresó inmediatamente como pasante en el estudio del abogado José Astorga y Baquerizo, donde se ejercitó en la práctica del Derecho hasta finales de abril de 1782. El 30 de mayo de 1779 fue admitido en la Academia de Jurisprudencia Práctica, institución dependiente del Colegio de Abogados de Granada creada en 1772 para completar la formación de los jóvenes licenciados mediante el estudio y resolución de casos reales. Allí desempeñó, conforme a los ejercicios académicos establecidos, los encargos de juez y de abogado, y ejerció asimismo como comisario de la función anual dedicada a la Purísima Concepción, patrona de la Academia y copatrona de la abogacía española junto con santa Teresa de Jesús. La asistencia a la Academia y el cumplimiento de un periodo mínimo de pasantía constituían requisitos indispensables para acceder al examen de abogado y obtener la incorporación al Colegio.

En mayo de 1782, cuando apenas le faltaban cuatro meses y medio para completar los cuatro años exigidos desde la obtención del grado de bachiller, solicitó dispensa de dicho plazo para poder examinarse y ser recibido como abogado. Alegó para ello el delicado estado de salud de su tío, padrino y principal protector, el presbítero Diego Ruiz Martínez, cura de Cástaras, quien había contribuido al sostenimiento de sus estudios y tenía intención de favorecerle en la sucesión de sus bienes una vez que hubiera logrado establecerse profesionalmente.

Resulta significativo que sea precisamente en la documentación generada con motivo de estos expedientes de 1782 cuando Cástaras comienza a figurar de manera sistemática como lugar de nacimiento de Onésimo. Hasta entonces había aparecido identificado en varias ocasiones como natural de Jorairátar, localidad de origen de su padre y donde probablemente transcurrieron parte de su infancia y juventud. Cabe pensar que la aportación de la partida bautismal y demás documentos acreditativos obligó entonces a precisar formalmente su verdadera naturaleza, quedando desde ese momento fijada en la documentación oficial su condición de natural de Cástaras.

El Real Acuerdo accedió a la petición y autorizó que se anticipara su examen, remitiendo el expediente al Colegio de Abogados de Granada para la realización de las pruebas preceptivas. Onésimo las superó satisfactoriamente, según certificó el 14 de mayo de 1782 el secretario de la corporación, José Gil de Bonilla. Devuelto el expediente al Real Acuerdo, se le asignó como ejercicio práctico el pleito relativo a los vínculos fundados por don Pedro Ruiz de Palacios en las villas de Urda y Malagón.

El 23 de mayo compareció ante los oidores de la Real Chancillería. Tras efectuar la preceptiva «lección y oposición» y responder a las cuestiones que le fueron formuladas, fue declarado «hábil y suficiente» y admitido como abogado de la Real Chancillería de Granada. Acto seguido prestó juramento, comprometiéndose, entre otras obligaciones propias del oficio, a defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Cumplido este requisito, abonó los ciento seis reales de vellón correspondientes a las propinas y derechos de diversos ministros y oficiales del tribunal.

Todavía debía superar una última exigencia para incorporarse al Colegio de Abogados de Granada: acreditar la limpieza de sangre de su linaje. Para ello presentó siete partidas sacramentales —las suyas y las de sus padres y abuelos— y promovió las declaraciones de doce testigos sobre la conducta y condición de su familia. Concluido favorablemente el expediente, fue admitido como individuo del Colegio el 6 de septiembre de 1782. Contaba entonces veintiséis años de edad.

Mientras culminaba su formación jurídica e iniciaba el ejercicio profesional, Onésimo consolidó también su posición social mediante el matrimonio. El 14 de octubre de 1782, apenas unas semanas después de su incorporación al Colegio de Abogados, contrajo matrimonio en la iglesia imperial y parroquial de San Matías de Granada con María Teresa Lafuente. La novia había nacido en Albarracín y fue bautizada el 28 de febrero de 1762 en la parroquia de Santa María por el vicario Jerónimo Dalmau. Era hija legítima de don Domingo Lafuente y de doña Joaquina Oquendo.

El matrimonio con María Teresa Lafuente Oquendo vinculó a Onésimo Ruiz Martínez con una influyente familia de juristas granadinos, cuya relevancia se prolongó desde las últimas décadas del Antiguo Régimen hasta los inicios del constitucionalismo liberal. Su suegro, Domingo Lafuente, tesorero de Rentas Provinciales del Reino de Granada, ocupaba una posición destacada en la administración hacendística, circunstancia que favoreció la formación y posterior proyección profesional de varios de sus hijos en la magistratura, la administración y el ejército.

La unión con los Lafuente Oquendo incorporó además a Onésimo a un entorno estrechamente relacionado con los principales círculos judiciales y administrativos del reino. Entre sus cuñados figuraban Mariano Lafuente Oquendo, magistrado de la Real Audiencia de Granada y más tarde teniente primero de asistente de Sevilla; Joaquín Lafuente Oquendo, alcalde del Crimen de la Real Chancillería de Granada y posteriormente oidor de la misma institución; y Antonio Lafuente Oquendo, juez en distintos destinos y uno de los impulsores del Colegio de Abogados de Albacete en 1838.

De este modo, la posición alcanzada por Onésimo gracias a su formación universitaria y a su reciente incorporación a la abogacía se vio reforzada por su integración en la familia Lafuente mediante el matrimonio con María Teresa. A ello se sumó, por aquellas mismas fechas o poco después, la herencia recibida de su tío, padrino y protector, el presbítero don Diego Ruiz Martínez, quien había contribuido decisivamente a costear su educación y orientar sus primeros pasos profesionales. En homenaje a quien había hecho posible su formación y el comienzo de su carrera, adoptó desde entonces los apellidos Ruiz Martínez, que utilizaría durante el resto de su vida. El libro matrimonial de la parroquia de San Matías constituye, hasta donde alcanza la documentación conocida, el último testimonio en el que aparece identificado con el apellido materno Jiménez.

Los años siguientes transcurrieron en Granada, donde ejerció la abogacía durante cerca de una década. Entre sus clientes figuraron don Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, marqués de Peñafiel, que el 3 de julio de 1783 lo nombró abogado de su casa y estados, y el convento de San Francisco Casa Grande de Granada, cuya representación jurídica asumió ese mismo año. Asimismo, cuando le correspondió por turno, desempeñó sin excusarse la defensa de pobres, obligación impuesta por los estatutos del Colegio de Abogados. El 10 de enero de 1786 incorporó además el título de abogado de los Reales Consejos, culminando así su acceso a las más altas habilitaciones profesionales de la época.

Durante esta etapa nacieron los tres hijos que conocemos del matrimonio: María Teresa (1783), María Josefa (1785) y Pedro. Este último vino al mundo en Madrid en 1787 —«31 de junio» se lee en la partida a la que hemos tenido acceso, un error evidente—, en el número 12 de la calle Baja del Olivo, y fue bautizado el mismo día en la parroquia de San Martín, iglesia que desaparecería años más tarde durante las reformas urbanísticas impulsadas bajo el reinado de José I.

Alcalde mayor

Durante los años que siguieron a su incorporación al Colegio de Abogados, Onésimo comenzó a orientar su carrera hacia la magistratura territorial, objetivo habitual entre los letrados que aspiraban a progresar en la administración de justicia. La primera noticia documentada de estas pretensiones se encuentra en una consulta de la Cámara de Castilla de 30 de enero de 1788, en la que figuró incluido en tercer lugar en una terna propuesta para proveer la alcaldía mayor de Fortuna. Aunque la plaza recayó finalmente en otro candidato, el valenciano Jaime Gasó de Albalat, la propuesta revela que su nombre ya era conocido en los círculos gubernativos y que había iniciado las gestiones para acceder a una vara de justicia. No lograría su primer nombramiento hasta dos años más tarde, y no por la vía del Consejo de Castilla, sino por la del Consejo de Órdenes, institución bajo cuya jurisdicción desarrollaría la primera parte de su carrera como alcalde mayor.

Usagre

El primer nombramiento efectivo llegó por título expedido el 15 de agosto de 1790, que lo designaba alcalde mayor y capitán a guerra de la villa de Usagre, población perteneciente a la Orden de Santiago, situada en la Campiña Sur de Extremadura. Con este destino comenzaba una trayectoria de más de veinte años al frente de distintas alcaldías mayores, desempeñadas sucesivamente en territorios de las Órdenes Militares y culminadas finalmente en Sevilla.

Hasta la llegada de Onésimo, Usagre había sido gobernada por alcaldes ordinarios. Sin embargo, las continuas rivalidades entre dos poderosos bandos familiares —los Buenos y los Grajeras—, cuyas enemistades, resentimientos y frecuentes algaradas alteraban la convivencia de la villa, aconsejaron reforzar la autoridad de la Corona mediante el establecimiento de una alcaldía mayor. La restauración del orden público y la afirmación de la autoridad judicial constituyeron, por tanto, las primeras obligaciones del nuevo magistrado. Onésimo logró, al menos durante el tiempo de su mandato, sosegar la situación y restablecer la tranquilidad pública, aunque este tipo de enfrentamientos entre linajes solía permanecer latente durante largos periodos antes de reaparecer con renovada intensidad.

Los testimonios conservados permiten apreciar una gestión particularmente activa. Durante los dos años que permaneció en el cargo emprendió un amplio programa de mejoras materiales que transformó sensiblemente el aspecto de la villa. Ordenó desmontar, allanar y empedrar la plaza pública y las calles de Santa Ana, Chaberos, Mesones, del Guijo, Arroyo, Llerena, Conejos y del Agua. A continuación de esta última hizo construir una calzada de unos doscientos cincuenta metros con su correspondiente alcantarilla, facilitando el tránsito por el camino que conducía a Valencia de las Torres. Mandó levantar dos puentes sobre la acequia que abastecía los molinos harineros; cercó con pared de piedra y barro la alameda y el vivero de propios, donde impulsó labores de limpieza y mejora; promovió la entresaca de más de dieciocho mil chaparros en las dehesas concejiles; dispuso el blanqueo de fachadas y gestionó ante el Consejo de Castilla la reconstrucción de las casas capitulares, la cárcel, los trojes, el reloj y las conducciones de agua, que encontró en un estado tan precario que las reuniones del cabildo debían celebrarse en su propia casa o en la del escribano, mientras que la prisión ocupaba una dependencia de la vivienda del alguacil mayor.

Su actividad administrativa quedó igualmente reflejada en la documentación oficial generada durante su mandato. En febrero de 1791 participó, junto con el mayordomo del concejo, el síndico personero y el alguacil mayor, en la elaboración de las respuestas al célebre Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, una de las grandes encuestas promovidas por la Monarquía ilustrada para conocer la realidad económica, social y administrativa de la región. Gracias a aquel informe es posible reconstruir con notable detalle la situación de Usagre a finales del siglo XVIII.

La valoración que mereció Onésimo a los visitadores regios fue igualmente favorable. En el «informe resultivo» redactado por Juan José de Alfranja y Castellote tras su visita a la villa se califica expresamente como «sujeto de buenas ideas», juicio especialmente significativo por proceder de una fuente independiente y no de las relaciones de méritos elaboradas por el propio interesado. El mismo informe señala que la alcaldía mayor estaba dotada con una renta anual de seis mil reales de propios, una remuneración considerable dentro de las varas de justicia de la época. Todo ello confirma la buena impresión que produjo su actuación en este primer destino y ayuda a explicar los sucesivos ascensos que marcarían su carrera.

Porcuna

El Mercurio de España de octubre de 1792 anunciaba en su página 170 el nombramiento de don Onésimo Ruiz Martínez para la alcaldía mayor de Brozas, en la provincia de Cáceres. Sin embargo, la vara que finalmente le adjudicó Carlos IV, a consulta del Consejo de Órdenes, fue la de Porcuna, de tercera clase, para la que fue nombrado el 21 de diciembre de aquel mismo año. Tomó posesión a comienzos de 1793. El traslado suponía un ascenso en su carrera administrativa, aunque la dotación económica del cargo, fijada en cuatrocientos ducados anuales, era inferior a la que había percibido en Usagre.

Escasean las noticias sobre su paso por la antigua Obulco, entonces perteneciente a la Orden de Calatrava. Consta, no obstante, que durante los seis años que permaneció al frente de la alcaldía impulsó diversas mejoras urbanas. Según declaró posteriormente, promovió, sin gasto alguno para los fondos municipales, el empedrado de buena parte de las calles de la villa y la construcción de calzadas en tres de sus principales accesos: el de la Cruz Blanca, camino de Martos, hoy calle del mismo nombre; el de Jesús, prolongación de la vía homónima hacia el sur; y el camino que discurría junto al molino aceitero del presbítero don Pedro Garrido en dirección a los olivares, probablemente identificable con el actual camino del Molino Rey.

En 1798 contribuyó personalmente con dos mil reales a la suscripción de donativos voluntarios en metálico y alhajas de oro y plata abierta para aliviar la crítica situación de la Hacienda Real. Además, mediante exhortos y requerimientos, y pese a la escasa popularidad de la medida, consiguió recaudar de los vecinos de su jurisdicción más de veintisiete mil reales, que fueron ingresados en la tesorería de Martos.

Moratalla

Sustituido en Porcuna por Vicente Alonso Andrade y San Juan, Onésimo Ruiz Martínez obtuvo en abril de 1799 la alcaldía mayor de Moratalla, en territorio de la Orden de Santiago. El nuevo destino, también de tercera clase y dotado con una renta anual de 4.400 reales, lo situaba al frente de una jurisdicción creada en 1755 para reforzar la administración de justicia en una de las villas más extensas del reino de Murcia. Tomó posesión del cargo el 18 de julio de 1799, sucediendo a Blas Conde, cuyo mandato había durado prácticamente los mismos seis años que Onésimo acababa de completar en Porcuna..

Durante su etapa en Moratalla, Onésimo Ruiz Martínez desarrolló las funciones propias de la alcaldía mayor, con especial atención a la mejora de las infraestructuras y del orden urbano. Se ocupó de la reparación y conservación de los caminos vecinales, facilitando el tránsito entre la villa y su entorno agrícola. Impulsó asimismo la mejora del abastecimiento de aguas, con la apertura o reparación de fuentes públicas y la limpieza de las existentes, en un intento de atender tanto las necesidades domésticas como las condiciones sanitarias de la población.

Entre las actuaciones más visibles figuran el empedrado de diversas calles, la intervención en los puentes de Caravaca y Juan Blanco, situados en los accesos principales de la villa, y la reedificación parcial de la muralla que sostenía el conjunto formado por la plaza principal y la iglesia parroquial por su flanco meridional. Esta obra, de considerables dimensiones, presentaba un serio riesgo de ruina. Su consolidación evitó daños en la zona baja del núcleo urbano.

En el ámbito institucional promovió el mantenimiento del orden público, en un contexto de frecuentes tensiones entre los grupos dominantes de la villa. En la relación de méritos que redactó años más tarde afirmaba que durante los primeros años de su mandato el ejercicio de la alcaldía había transcurrido «sin incidencias formales».

Sin embargo, durante esta etapa también se documentan episodios de mayor tensión política y social, que Onésimo omitió por completo en su informe. Su actuación en Moratalla entró en conflicto con la de un munícipe local, Aquilino López Sahajosa, personaje de ideas avanzadas, próximo a los sectores más reformistas del despotismo ilustrado y perteneciente a una de las familias más poderosas del lugar. Los López Sahajosa venían ocupando regidurías y otros cargos de influencia en el gobierno municipal desde finales del siglo XV o comienzos del XVI, consolidando una posición predominante en vida política local que fue objeto de frecuentes disputas con otros linajes de la villa.

En 1805 se produjo un conflicto entre Onésimo Ruiz, alcalde mayor nombrado por la Corona, y Aquilino López Sahajosa, regidor perpetuo, en el marco de una estructura municipal profundamente dividida en dos bandos oligárquicos que se disputaban el control del ayuntamiento. De un lado se situaba la familia López Sahajosa, encabezada por Aquilino y su padre; de otro, una coalición integrada por los Rueda, Cañete, Conejero y Espinosa. Como representante de la autoridad regia, Onésimo quedó inevitablemente inserto en estas tensiones de larga duración.

Según las fuentes documentales, sus adversarios le atribuyeron diversas actuaciones que calificaron como abusos de autoridad. Entre las más graves figuraba la de haber instigado a terceros para atentar contra la vida de Aquilino López Sahajosa, extremo que aparece únicamente en el contexto de las denuncias formuladas contra el alcalde mayor y cuya veracidad resulta hoy imposible determinar con certeza. A ello se añadían imputaciones relativas a la administración de los fondos municipales, en una época en la que las fronteras entre los intereses públicos y los particulares no siempre se encontraban claramente delimitadas.

La acumulación de denuncias y el peso que la familia López Sahajosa ejercía en la vida política local motivaron la intervención de la Corona, que envió a Moratalla un juez comisario encargado de instruir las diligencias. Por resolución comunicada desde Madrid el 16 de septiembre de 1805, el rey ordenó la suspensión cautelar de Onésimo Ruiz Martínez mientras se sustanciaba la causa, disponiendo que el comisionado reasumiera la jurisdicción de la alcaldía.

Aunque no volvió a ocupar la alcaldía mayor de Moratalla, las repercusiones de aquel episodio resultaron limitadas para su carrera. Parece que las acusaciones formuladas no llegaron a desacreditarlo ante el Consejo de Órdenes ni a comprometer de forma duradera su futuro administrativo. Todo indica que su separación del cargo contribuyó a desactivar un conflicto que había alcanzado notable intensidad.

La tensión política local, sin embargo, no desapareció. Aquilino López Sahajosa encontró un final trágico pocos años más tarde. En 1808, durante los primeros compases de la Guerra de la Independencia, fue asesinado en Moratalla por una multitud que lo acusaba de afrancesamiento, en el clima de violencia, represalias y ajustes de cuentas que acompañó al derrumbe del orden político tradicional en numerosas localidades españolas.

Tarancón

A pesar del episodio de Moratalla, la carrera administrativa de Onésimo Ruiz Martínez no se vio interrumpida. En 1806 fue nombrado alcalde mayor de Tarancón, destino que suponía un notable ascenso dentro del escalafón de las varas de justicia del reino. Tomó posesión el 30 de noviembre de aquel año. Su llegada coincidió con un periodo de creciente inestabilidad que pronto desembocaría en la Guerra de la Independencia.

Su actuación en la villa manchega se inscribe en los primeros compases de la crisis de 1808, cuando el orden institucional del Antiguo Régimen se vio súbitamente alterado por el colapso de la monarquía y la irrupción de la guerra. Impulsó diversas mejoras de infraestructura, entre ellas la construcción de una calzada de unas trescientas cincuenta varas de longitud y entre cinco y seis de ancho en el camino real que conducía hacia Madrid, Aranjuez y Toledo, tramo que quedaba frecuentemente intransitable en época de lluvias. La obra se ejecutó, según consta en el expediente, sin carga para los fondos públicos. Asimismo, elevó al Consejo la necesidad urgente de reparar la cárcel y las casas consistoriales, cuyo estado de deterioro se describe como muy avanzado.

El año 1808 marcó una inflexión decisiva. Tras los levantamientos de mayo, le correspondió publicar y hacer ejecutar los bandos emanados de la Junta Suprema de Gobierno para mantener el orden en la villa. Entre las medidas adoptadas figuró la recogida de armas blancas y de fuego entre los vecinos, con el fin de evitar alteraciones del orden público en un contexto de temor a desórdenes y posibles enfrentamientos con las tropas francesas.

Los testimonios conservados muestran también su intervención en tareas de abastecimiento y logística militar. En julio de 1808 aparece comunicando órdenes relativas al suministro de harina, cebada y carne para la división del general Caulaincourt, recientemente establecida en la zona bajo la autoridad del gobierno encabezado por el mariscal Murat. En el ejercicio de sus funciones hubo de organizar el abastecimiento de las tropas francesas que atravesaban la villa en dirección a Cuenca, Requena y Valencia, asegurando igualmente su alojamiento y manutención.

El mismo registro documental refleja la complejidad administrativa de aquellos meses, en los que la autoridad civil quedaba entrelazada con exigencias militares inmediatas y las instrucciones procedían de centros de poder cambiantes y no siempre nítidamente definidos.

En el registro del alistamiento general de 1808 se le identifica como hidalgo y aparece como responsable del envío del padrón de mozos de la villa a la Junta Provincial de Toledo. En ese mismo proceso figura su participación, junto al párroco y otros miembros del concejo, en un donativo destinado al socorro de los voluntarios alistados. El documento señala igualmente su reciente reincorporación a las funciones del cargo tras una breve ausencia para tomar los baños en la localidad de Trillo.

Entre los mozos registrados figuraba su único hijo varón, Pedro Ruiz, de veinte años, bachiller en Filosofía y estudiante de Leyes, formación que había iniciado en el Colegio de San Miguel de Granada y continuado en la Universidad de Alcalá de Henares. Cuando las tropas del general Dupont entraron en Andalucía, Pedro estudiaba en la Universidad de Alcalá; sin embargo, Onésimo decidió orientarlo al servicio de la patria, haciendo que ingresara como cadete del Regimiento de Infantería de Línea Santa Fe. Marchó con el general Reding a Cataluña, donde contiuó toda la campaña hasta ser hecho prisionero durante el sitio de Gerona, permaneciendo cautivo en Francia todavía en 1812. Como tantos jóvenes de su generación, abandonó la carrera jurídica para ingresar en el ejército, donde años más tarde alcanzaría el empleo de coronel.

Sevilla

El 17 de noviembre de 1809 la Junta Suprema Central nombró a Onésimo alcalde mayor y teniente segundo de asistente de Sevilla, uno de los cargos más relevantes de la administración municipal de la Monarquía, equiparable en rango a algunos de los corregimientos más importantes del reino. El despacho, expedido ese mismo día en el Real Alcázar de Sevilla, está firmado por el arzobispo de Laodicea, Juan Acisclo de Vera y Delgado, como presidente de la Junta. Tomó posesión el 15 de diciembre siguiente, en unos momentos particularmente difíciles para la Monarquía española. La ofensiva francesa avanzaba sobre Andalucía y la caída de Sevilla parecía cada vez más cercana. Culminaba así una trayectoria de casi dos décadas en las alcaldías mayores de las órdenes militares, iniciada en Usagre en 1790.

El teniente segundo de asistente era uno de los magistrados principales del gobierno urbano sevillano. Bajo la autoridad del asistente —equivalente al corregidor de la ciudad— los tenientes ejercían funciones judiciales, gubernativas y de policía en los distintos distritos urbanos. Sevilla se hallaba dividida en varios cuarteles o demarcaciones administrativas, cada una de ellas encomendada a uno de estos magistrados.

A Onésimo Ruiz le correspondió la administración del distrito o partido de San Román, una extensa jurisdicción que abarcaba buena parte de los sectores norte y oriental de la ciudad, entre ellos San Roque, San Esteban, San Pedro, Santa Catalina, Santa Marina, San Bernardo y San Martín. Como teniente segundo, y juez nato de primera instancia de su distrito, disponía de juzgado propio y tenía a su cargo el mantenimiento del orden público, la policía urbana, la limpieza y conservación de los espacios públicos, así como la administración de justicia ordinaria. Los tenientes podían además sustituir al asistente en la presidencia de los cabildos cuando las circunstancias lo requerían. El nombramiento suponía el punto más alto de su carrera administrativa hasta entonces, pues lo situaba en una de las principales capitales de la Monarquía y en un nivel próximo al de los corregidores de las grandes ciudades castellanas.

Sin embargo, apenas dispuso de unas semanas para ejercer sus funciones con normalidad. El 1 de febrero de 1810 las tropas francesas mandadas por el mariscal Soult ocuparon Sevilla y la administración municipal quedó sometida a la autoridad militar de los invasores, inaugurando una etapa excepcional en la que las instituciones tradicionales hubieron de desenvolverse bajo el control del poder ocupante, encabezado allí por el barón de Darricau.

La ocupación francesa planteó a Onésimo Ruiz el mismo dilema que afrontaron numerosos funcionarios de la Monarquía: abandonar la ciudad y seguir a las autoridades patriotas o permanecer en ella bajo dominio enemigo. Según los expedientes consultados, la falta de recursos económicos le impidió inicialmente emprender la emigración. Sin embargo, una vez producida la ocupación, decidió permanecer en Sevilla a instancias de diversas personas de reconocida fidelidad a Fernando VII, convencido de que su posición dentro de la administración municipal podría resultar más útil a la causa española que abandonar la ciudad sin posibilidad de influir en los acontecimientos. Aquella decisión condicionaría el resto de su actuación durante la guerra. Desde su puesto procuró mantener una actitud de discreta resistencia. Evitó asistir a las ceremonias promovidas por el gobierno de José Bonaparte y rechazó integrarse en la Junta Criminal de Jerez, organismo vinculado a la administración intrusa. El destino le fue ofrecido por el conde de Montarco, Juan Francisco de los Heros y de la Herrán, antiguo alto funcionario de Carlos IV que, tras la instauración del régimen josefino, juró fidelidad a José I y llegó a convertirse en una de las principales autoridades civiles del sur peninsular como comisario regio de las Andalucías. Según declararía más tarde, prefirió exponerse a cualquier sacrificio antes que integrarse en un tribunal que consideraba destinado a perseguir el patriotismo español. Al mismo tiempo, en el ejercicio cotidiano de sus funciones judiciales y gubernativas, procuró dificultar los secuestros de bienes de los españoles refugiados en territorio patriota, moderar las consecuencias de determinadas causas judiciales y atender las obligaciones de orden público inherentes a su cargo.

Todo ello se desarrolló en un contexto administrativo extraordinariamente complejo. El Ayuntamiento sevillano conservó formalmente buena parte de su estructura tradicional, articulada en torno al asistente y a los tres tenientes de asistente, aunque durante la ocupación muchas de sus atribuciones quedaron condicionadas o eclipsadas por la autoridad del prefecto nombrado por el gobierno josefino y por las exigencias de la administración militar francesa. Como teniente de asistente, Onésimo hubo de participar en la gestión de problemas cotidianos derivados de la ocupación, entre ellos el alojamiento de tropas, el abastecimiento de víveres y las continuas demandas económicas impuestas a la ciudad. La documentación municipal muestra asimismo las tensiones surgidas entre el cabildo y las autoridades francesas en torno al control de determinados recursos y fondos públicos. La actuación de los magistrados municipales se desenvolvía así en un difícil equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos y la preservación, en la medida de lo posible, de los intereses de la población sevillana.

Fue precisamente en este contexto donde se desarrolló la faceta más arriesgada de la actuación de Onésimo Ruiz durante la ocupación. Paralelamente al ejercicio de sus funciones municipales, formó parte de la red clandestina de resistencia conocida como Congreso Patriótico Hispalense o Santo Congreso, una organización que combinaba actividades filantrópicas y de espionaje, formada por funcionarios, eclesiásticos y particulares comprometidos con la causa de Fernando VII. Su objetivo era mantener la comunicación con las autoridades españolas refugiadas fuera del territorio ocupado, obtener y transmitir información sobre los movimientos del invasor, auxiliar a prisioneros y refugiados y sostener en la ciudad un núcleo organizado de oposición al régimen josefino. La actividad de esta organización se desarrollaba en condiciones de extrema peligrosidad, bajo la vigilancia permanente de las autoridades ocupantes y en el mismo centro político y militar de la Andalucía controlada por los franceses.

El Congreso, establecido con autorización del gobierno legítimo y bajo la protección del general Francisco Ballesteros, estaba dirigido por una Junta de Gobierno integrada por Francisco Florencio de Olazábal, Francisco Carbonell del Rosal, Rafael de Giles y Leyba y el propio Onésimo Ruiz Martínez. Desde esta estructura se organizaba una compleja red de información destinada a mantener el enlace con Cádiz y con diversos mandos militares españoles, especialmente con el general Ballesteros, al tiempo que se favorecía la evasión de prisioneros, se fomentaba la deserción en los cuerpos afectos al gobierno invasor y se procuraba mantener vivo el sentimiento patriótico en una ciudad sometida a la autoridad francesa. Las reuniones se celebraban en domicilios particulares y las comunicaciones se realizaban mediante claves, cifras y correos secretos que atravesaban las líneas enemigas. La información archivística disponible muestra que los gastos derivados de estas actividades fueron sufragados por los propios miembros de la organización, que emplearon en ello una parte considerable de sus recursos personales.

La actividad del Congreso no estuvo exenta de riesgos. La vigilancia ejercida por la policía del régimen ocupante y la constante amenaza de la delación convirtieron la pertenencia a la organización en una empresa de extraordinario peligro. Sus miembros actuaban en el propio centro del aparato administrativo francés, bajo la supervisión de las autoridades encargadas de la seguridad del régimen, entre las que destacaron Miguel Ladrón de Guevara y el comisario José Echevarría, responsables de buena parte de las labores de investigación, persecución y represión de las redes patriotas sevillanas. Esta circunstancia hacía especialmente vulnerables las comunicaciones, reuniones y desplazamientos de los conspiradores.

La represión alcanzó pronto a varios de sus integrantes. Entre las primeras víctimas se encontraron los eclesiásticos Santiago Alberto Mouler y Juan de la Cuesta, ejecutados en 1810 por su participación en actividades vinculadas a la resistencia. Más grave aún fue el golpe sufrido a finales de aquel mismo año con la detención de José González Cuadrado, oficial de escribanía y uno de los principales agentes de la organización, y de Bernardo Palacios. Ambos fueron descubiertos cuando desarrollaban labores de enlace para el Congreso y trasladados a Sevilla para ser juzgados por las autoridades francesas. González Cuadrado fue sometido a intensas presiones para que revelase la identidad de los responsables de la organización clandestina. La documentación posterior lo presenta rechazando cualquier colaboración con sus interrogadores y asumiendo las consecuencias de su silencio para evitar la desarticulación de la red. Condenado junto a Bernardo Palacios, fue ejecutado en la plaza de San Francisco el 9 de enero de 1811. La memoria de ambos quedó asociada desde entonces al sacrificio de quienes sostuvieron la resistencia sevillana durante los años de ocupación.

Pese a estas pérdidas, el Congreso Patriótico Hispalense consiguió mantenerse activo hasta los últimos compases de la dominación francesa. Sus miembros continuaron transmitiendo información militar a las autoridades patriotas, facilitando la evasión y asistencia de prisioneros y colaborando con diversas operaciones desarrolladas por los ejércitos españoles en Andalucía. La persistencia de estas actividades, mantenidas durante más de dos años en condiciones extremadamente difíciles, contribuyó a consolidar la reputación que la organización alcanzaría tras la guerra.

La retirada de las tropas francesas de Sevilla en agosto de 1812 abrió una nueva etapa en la vida de Onésimo Ruiz Martínez. Lejos de considerar concluida su carrera tras los años de ocupación, trató de convertir los méritos acumulados durante la guerra en un ascenso dentro de la magistratura. El 26 de diciembre de 1812 elevó una solicitud para obtener una plaza togada en la Real Audiencia de Granada, institución con la que mantenía antiguos vínculos académicos y profesionales. La petición revela que, a sus cincuenta y seis años, seguía aspirando a incorporarse a los niveles superiores de la judicatura del reino. Aunque no consta que alcanzara aquella magistratura, el expediente muestra a un funcionario que continuaba procurando nuevos destinos acordes con su experiencia y servicios.

Sin embargo, la normalización de su situación administrativa no resultó inmediata. Como otros muchos funcionarios que habían permanecido en territorio ocupado, Onésimo hubo de justificar su conducta ante las nuevas autoridades. Su permanencia en la administración sevillana, aun cuando alegó haber actuado siempre con fidelidad a Fernando VII y en contacto con la resistencia patriótica, suscitó recelos en algunos sectores de la administración restaurada.

El problema afloró públicamente a comienzos de 1813. El 8 de febrero de aquel año Onésimo Ruiz y José María Tirado, teniente tercero de asistente de Sevilla, elevaron una representación a las Cortes en la que denunciaban que la Regencia seguía sin restituirlos en sus cargos pese a haber sido considerados aptos para ello por el Ayuntamiento de la ciudad. El principal obstáculo residía en haber continuado ejerciendo funciones judiciales bajo el gobierno intruso, circunstancia que algunos organismos administrativos interpretaban como incompatible con la inmediata rehabilitación de los empleados públicos en parecidas circunstancias.

La cuestión fue examinada por las comisiones de Constitución y de Decretos sobre empleados de las Cortes, que emitieron un dictamen favorable a ambos magistrados. Las comisiones entendieron que no existían pruebas de conducta contraria a la causa nacional y que su inclusión entre los funcionarios considerados merecedores de reposición debía ser respetada. Esta interpretación terminó imponiéndose y permitió desbloquear el expediente.

Finalmente, el 19 de abril de 1813, la Regencia del Reino acordó la reposición de Onésimo Ruiz Martínez en su cargo de teniente segundo de asistente de Sevilla. La resolución no solo ponía fin a varios meses de incertidumbre administrativa, sino que constituía una validación oficial de su conducta, reconociendo que su permanencia en una posición necesariamente delicada bajo la ocupación francesa había sido compatible con la lealtad a la causa nacional.

El prestigio adquirido por los miembros del Congreso Patriótico Hispalense quedó reflejado en diversos informes emitidos tras la guerra. Entre ellos destacó el del general Francisco Ballesteros, impulsor y protector de la organización, quien presentó a sus integrantes como hombres que habían sostenido la resistencia en circunstancias excepcionales y habían contribuido eficazmente al mantenimiento de las comunicaciones, la obtención de información militar y el auxilio a prisioneros y perseguidos. Aquellos testimonios resultaron decisivos para consolidar la memoria pública de la organización y para acreditar los méritos de sus principales responsables.

El reconocimiento oficial culminó con el real decreto de 27 de julio de 1815 por el que Fernando VII le concedió la Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. La merced recompensaba tanto sus más de veinticinco años de servicios en la administración de justicia como su conducta durante la Guerra de la Independencia. Sin embargo, el agravamiento de las enfermedades que padecía le impediría completar los trámites necesarios para su ingreso efectivo en la Orden. La concesión constituía uno de los más altos reconocimientos que podía recibir un funcionario civil de la Monarquía y representaba la culminación honorífica de una larga carrera al servicio de la Corona.

Madrid y los últimos años

Tras su reposición como teniente segundo de asistente de Sevilla y el reconocimiento oficial de los servicios prestados durante la ocupación francesa, Onésimo Ruiz Martínez intentó todavía alcanzar un ascenso en su carrera administrativa. A comienzos de 1816 se trasladó a Madrid y el 25 de enero de aquel año dirigió una representación al rey solicitando el corregimiento de letras de Lucena, vacante por fallecimiento reciente de su anterior titular. Para fundamentar su pretensión presentó una extensa relación de servicios en la que hacía valer más de veinticinco años de ejercicio en la judicatura, así como su actuación durante la Guerra de la Independencia en Sevilla.

Sin embargo, la solicitud coincidió con el agravamiento de las enfermedades que padecía. La documentación posterior permite constatar que falleció en Madrid en la primera mitad de 1816, poco tiempo después de haber formulado aquella última aspiración profesional. Su fallecimiento puso fin a una trayectoria de más de un cuarto de siglo al servicio de la administración de justicia en una época marcada por la crisis del Antiguo Régimen y el nacimiento de la España contemporánea. La muerte le impidió culminar el expediente de ingreso como caballero supernumerario de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

Las referencias conservadas sugieren asimismo que los sacrificios económicos realizados durante los años de la ocupación francesa, especialmente los destinados al sostenimiento de las actividades del Congreso Patriótico Hispalense y al auxilio de militares y patriotas, redujeron considerablemente su patrimonio. Según recordaría después su hijo Pedro Ruiz y Lafuente, aquellos desembolsos contribuyeron a dejar a la familia en una situación económica mucho más modesta que la que habría cabido esperar de un magistrado que había dedicado toda su vida al servicio público.

Balance biográfico

Con Onésimo desapareció una figura cuya trayectoria había llevado a un castareño desde los estudios jurídicos y el ejercicio de la abogacía en Granada hasta algunas de las magistraturas más relevantes de la administración local del Antiguo Régimen. Miembro de una organización clandestina de resistencia durante la ocupación francesa, colaborador de la causa patriota en uno de los momentos más críticos de la historia de España y nombrado caballero supernumerario de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, Onésimo Ruiz Martínez ocupa un lugar singular entre los hijos de Cástaras. Aunque su nombre no ha estado ausente de la historiografía, su naturaleza castareña ha permanecido prácticamente inadvertida. La reconstrucción de su biografía permite devolver a la historia de Cástaras a uno de sus hijos más notables.

La huella

La muerte de Onésimo Ruiz Martínez en Madrid durante la primera mitad de 1816 no supuso la desaparición inmediata de la posición social alcanzada por la familia, aunque sí marcó el comienzo de una etapa más difícil. Según afirmaría poco después su hijo Pedro en diversos expedientes de solicitud de mercedes, los desembolsos realizados por su padre para sostener las actividades del Congreso Patriótico Hispalense, auxiliar a militares y financiar redes de información durante la ocupación francesa habían reducido considerablemente el patrimonio familiar. Aquellos gastos, siempre según el testimonio de Pedro, dejaron a la viuda y a los hijos en una situación económica mucho menos desahogada de la que cabría esperar de un magistrado que había dedicado más de veinticinco años al servicio de la Corona.

Sin embargo, la documentación disponible permite comprobar que la familia conservó determinados bienes, rentas y posiciones sociales que moderan la imagen de una ruina completa y sugieren más bien una disminución apreciable, aunque no definitiva, de su patrimonio. Entre esos bienes figuraban propiedades y rentas heredadas por la rama Lafuente-Oquendo. Un poder otorgado en 1841 por María Teresa Lafuente Oquendo y su hija María Josefa para el cobro de arrendamientos acredita la posesión de terrenos en Torrejón de Ardoz heredados de Joaquina Oquendo. La existencia de estos intereses patrimoniales ayuda asimismo a comprender la prolongada vinculación de la familia con Madrid. No puede descartarse que estos vínculos patrimoniales contribuyeran a facilitar las frecuentes estancias de la familia en la Corte y las relaciones administrativas que Onésimo mantuvo con Madrid durante distintas etapas de su carrera.

A Onésimo lo sobrevivieron su esposa, María Teresa Lafuente Oquendo, que todavía residía en Granada en 1841, y los tres hijos conocidos del matrimonio: María Teresa Ruiz Lafuente, nacida en Granada en 1783, que en 1812 era religiosa en un convento de la capital; María Josefa Ruiz Lafuente, nacida en 1785 y fallecida en 1843, casada con su tío Mariano Lafuente; y Pedro Ruiz y Lafuente, nacido en Madrid en 1787, cuya trayectoria ya ha quedado someramente expuesta.

El único hijo varón, Pedro Ruiz y Lafuente, que, como hemos visto, abandonó los estudios de Leyes al iniciarse la Guerra de la Independencia para seguir la carrera militar, contrajo matrimonio en 1815 con Ana Rita Urízar Cravioto, nacida en Albuñol en 1795. Era hija de Andrés de Urízar y Moya, natural de Paterna y oriundo de la merindad de Durango, en Vizcaya; miembro de la baja nobleza comarcal, que fue recibido por hidalgo en Albuñol en 1797 y que ejercía como administrador del conde de Santa Coloma. La madre, María Jesús Cravioto, pertenecía a una familia originaria de la localidad costera de Varazze, en la Liguria, cuyos miembros se habían asentado tiempo atrás en diversas localidades del litoral de Granada, Almería y Málaga, entre ellas Albuñol. Al año siguiente, Pedro ostentaba el grado de capitán del Regimiento Provincial de Granada y en 1833 aparece documentado como segundo comandante de la plaza de Albuñol. Poco después del fallecimiento de su padre, promovió un expediente destinado a obtener para sí la Cruz de Carlos III concedida a Onésimo. Esta iniciativa revela hasta qué punto los servicios prestados por Onésimo durante la Guerra de la Independencia siguieron ocupando un lugar central en la memoria y en las aspiraciones de sus descendientes.

Registros genealógicos recientes permiten seguir la continuidad de esta rama familiar. Pedro Ruiz y Lafuente y Ana Rita Urízar Cravioto tuvieron al menos un hijo, Andrés Ruiz Urízar, casado con Soledad Pérez-Cordero Suárez, de cuya unión nacieron varios hijos, entre ellos Purificación, Andrés, Ana Rita y Soledad, esta última bautizada el 15 de diciembre de 1845. Existen además referencias documentales correspondientes a generaciones posteriores, cuya reconstrucción completa excede el propósito de este trabajo.

La continuidad familiar de la otra rama se proyecta a través de María Josefa Ruiz Lafuente, que contrajo matrimonio en Granada, en 1809, con su tío materno Mariano Lafuente Oquendo, magistrado de la Real Audiencia y más tarde teniente primero de asistente de Sevilla. De esta unión nació Domingo Lafuente Ruiz, abogado establecido posteriormente en Almería, donde continuó la tradición jurídica familiar. Su trayectoria refleja algunos de los cambios políticos y sociales de la España isabelina. Además de ejercer la abogacía, fue regidor síndico municipal en 1854, intervino en operaciones derivadas de la desamortización de Madoz y perteneció a la logia masónica Amor y Ciencia, en la que alcanzó el grado 18 bajo el nombre simbólico de «Fito». La siguiente generación de esta rama está representada por Acisclo Lafuente Blasco, nacido en Almería en 1842. Consta su ingreso en el Colegio Naval Militar y posteriormente su incorporación al arma de Ingenieros. La documentación consultada permite seguir su carrera al menos hasta la década de 1870, cuando servía en Filipinas como oficial de dicho cuerpo.

De este modo, aunque el recuerdo de Onésimo Ruiz Martínez acabó por difuminarse con el paso del tiempo, su descendencia continuó ramificándose generación tras generación. La memoria del hombre se fue apagando, pero la de su linaje ha perdurado hasta nuestros días.

Agradecimientos

La elaboración de este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de numerosas personas e instituciones que facilitaron el acceso a fuentes documentales, atendieron consultas o aportaron información de interés para la reconstrucción de la trayectoria de Onésimo Ruiz Martínez.

Agradecimiento a María Luisa Valverde, del Archivo Histórico Diocesano de Granada; a Jesús Garrido Gallego, archivero de Tarancón; a María José Carrasco Sánchez y Mercedes López Sánchez, del Archivo Municipal de Moratalla, así como a Ascensión Ludeña López, de la Concejalía de Cultura de la misma localidad; a José Carlos Gutiérrez, archivero de Porcuna; a Luis Fernando Palma Robles, cronista oficial de Lucena; y a Manuel Carrillo, párroco de San Matías de Granada, por la ayuda prestada en distintos momentos de la investigación.

Extiendo mi gratitud al personal de los archivos, bibliotecas y centros de documentación consultados, cuya labor cotidiana hace posible la conservación y el conocimiento del patrimonio documental.

Fuentes y bibliografía

Fuentes

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Apéndice I. Cronología de Onésimo Ruiz Martínez

Apéndice II. Árbol genealógico de Onésimo Ruiz Martínez